El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre el real decreto de centros de datos, la norma que condicionaría el acceso a la red eléctrica de las instalaciones de al menos 1 MW. El anuncio, difundido este 4 de octubre por Europa Press, no equivale a un acuerdo del Consejo de Ministros: el texto que se conoce es el borrador sometido a audiencia en agosto, y el propio sector da por hecho que habrá cambios tras más de 600 alegaciones.
Ese borrador, impulsado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital, pide que cada hora de funcionamiento al menos el 80% del consumo se cubra con electricidad renovable de nueva generación. SpainDC, la patronal del sector, sostiene que tres proyectos internacionales, valorados en 9.000 millones de euros, se frenarían si esa versión sale adelante. Los nombres de esas empresas no se han hecho públicos.
Qué dice el borrador que el Ejecutivo quiere cerrar en octubre
El 27 de agosto de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió, por la vía de urgencia, la audiencia del proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. El plazo inicial acababa el 4 de septiembre. El propio ministerio lo alargó hasta el 10 de septiembre a las 17:00, a petición del sector.
La norma desarrolla un mandato del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Su lógica, según la nota oficial, es acompasar el despliegue de centros de datos con nueva generación renovable para no empujar el sistema hacia más gas y no cargar el sobrecoste en la factura del resto de consumidores.
El ámbito principal son los centros, o grupos de centros de la misma titularidad en un mismo emplazamiento, con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Por debajo de ese umbral el impacto sobre la red, el agua y el territorio se considera menor. Los de al menos 500 kW de potencia de tecnologías de la información sí tendrían que reportar cada año datos de eficiencia y sostenibilidad, en línea con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.
El MITECO recuerda que la Estrategia de Inteligencia Artificial estimaba unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Frente a eso, el ministerio afirma que desde 2021 ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones. Europa Press recoge, a partir del proyecto, que las solicitudes superan ampliamente los 2,5 GW de demanda efectiva previstos para 2030. Son dos cifras distintas: una mide permisos ya concedidos y la otra, la cola de peticiones. Ambas apuntan al mismo desajuste entre el plan y el interés inversor.
Por qué el 80% hora a hora es el punto de fricción
El requisito que concentra las críticas no es solo el porcentaje. El proyecto exige que el consumo renovable sea adicional y correlacionado en el tiempo. Cada megavatio nuevo consumido debería ir acompañado de un megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento, ya sea con autoconsumo o con un contrato a plazo (PPA). Y esa cobertura se acreditaría hora a hora: en cada hora de operación, al menos el 80% de la electricidad consumida tendría que ser renovable generada en esa misma hora.
La exigencia decaería cuando la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico. Según el resumen técnico de la consulta, si ese umbral se supera en el año n-2 respecto a la solicitud de acceso, el permiso podría concederse sin acreditación previa, aunque limitado a un número máximo de horas de consumo de red. Superado el 90% en un año, el porcentaje se mantendría cinco años naturales. Hasta entonces, el borrador no da una vía intermedia.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, lo resumió el 3 de octubre en una entrevista: el 80% de adicionalidad y el 80% de correlación horaria son, a su juicio, imposibles. «No hay nadie que haya dicho que podría cumplir con estos requisitos», dijo, y señaló que incluso parte del sector renovable alegó en términos parecidos. La patronal tiene contabilizados tres proyectos, por 9.000 millones de euros, que se detendrían si el texto se aprueba tal cual. Emilio Díaz, presidente de SpainDC, cifró esos tres proyectos en el 15% de los 66.900 millones que la asociación estima hasta 2030, y advirtió de que estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España. Es una estimación de la patronal, no un registro oficial de desistimientos.
El incumplimiento, según la nota del MITECO, acarrearía penalizaciones crecientes en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del derecho de acceso. Esos recargos servirían, en la lógica del proyecto, para compensar el sobrecoste que la falta de adicionalidad y de correlación horaria repercutiría en el sistema.
Agua, PUE y la etiqueta europea de 2027
Además de la electricidad, el borrador fija eficiencia energética e hídrica. Hasta que exista el etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027 en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, los centros de al menos 1 MW tendrían que acreditar un PUE máximo de 1,15 y un WUE máximo de 0,1. El PUE relaciona la energía total de la instalación con la que llega a los equipos de TI; cuanto más cerca de 1, menos se pierde en refrigeración y auxiliares. El WUE mide litros de agua por cada kWh de TI.
A partir de esa etiqueta, el proyecto exige la clase A, la más alta de la escala europea, tanto en energía como en agua. La acreditación sería la propia etiqueta o, mientras no exista, una declaración responsable junto a la solicitud de acceso, renovable cada año antes del 15 de octubre. Los centros de más de 1 MW tendrían que indicar, además, si aplican las mejores prácticas del código de conducta europeo de eficiencia energética y de qué forma.
Esa pieza encaja con el debate comunitario. La Comisión Europea tiene abierta una consulta sobre estándares mínimos de rendimiento para centros de datos, con propuesta legislativa prevista para 2027. Bitzeta lo contó en la pieza sobre esa consulta. El decreto español intenta adelantarse: el MITECO dice que España «vuelve a ser pionera» respecto a medidas que aún se discuten en Bruselas. El sector lee esa anticipación como una carga que otros países no imponen todavía.
Soberanía digital y quién puede operar el centro
La parte menos discutida en público, y no por ello menor, es la de resiliencia. El operador tendría que estar establecido en la Unión Europea. Los datos, metadatos y registros ligados a la operación del centro deberían permanecer en territorio comunitario. El proyecto pide también medidas efectivas frente a accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo. El Ministerio para la Transformación Digital comprobaría el cumplimiento, y la vulneración podría acabar en la pérdida de los derechos de acceso y conexión.
No es una norma de contenidos ni de protección de datos personales al uso. Regula quién controla la instalación y dónde se guardan los registros de operación. Para una empresa que quiera traer capacidad de cómputo a España, el filtro no será solo energético.
El calendario de adaptación del borrador es corto. Los proyectos en tramitación tendrían seis meses para acreditar los nuevos requisitos. Quienes esperen un concurso de acceso, o no hayan ejecutado las garantías, dispondrían de tres meses o deberían renunciar a los derechos. SpainDC ha cuestionado ese plazo para expedientes iniciados con otras reglas.
Qué cambia para la red, la factura y la gigafactoría
Para un hogar, el real decreto no cambia la tarifa de mañana. El efecto, si el texto se mantiene, es indirecto: el Gobierno argumenta que sin renovable adicional el pico de demanda de los centros empujaría el uso de gas y encarecería el sistema para todos. La patronal responde que una regla imposible de cumplir no reduce el consumo, solo desvía la inversión. Las dos lecturas pueden ser ciertas a la vez si el resultado es menos proyectos y, aun así, una red tensionada por los permisos ya concedidos.
El decreto también toca un proyecto del propio Ejecutivo. El consorcio público-privado que aspira a una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial europeas —Gobierno, Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, con una inversión citada de 5.000 millones de euros— debería diseñarse desde el principio bajo este marco, según Europa Press. SpainDC sostiene que esa gigafactoría no cumpliría los requisitos del borrador. El Ejecutivo no ha publicado una ficha técnica que permita comprobarlo. Hasta que no se conozca la potencia de acceso, el esquema de PPAs y el PUE previsto, esa incompatibilidad es una afirmación de la patronal, no un dato cerrado.
La regulación forma parte de los 14 proyectos tractores de la estrategia IA360, con la que el Gobierno quiere situar a España entre los cinco primeros países en inteligencia artificial «responsable» en 2026-2027. En infraestructuras, el plan habla de aprovechar electricidad renovable y fibra. El decreto es la pieza que convierte ese propósito en condición de acceso a la red.
Qué puede pasar ahora
El Correo publicó el 21 de septiembre que el Ejecutivo mantenía octubre como fecha de aprobación y que fuentes del sector daban por hecho que «habrá cambios». El trámite de alegaciones, cerrado el 10 de septiembre, reunió más de 600 aportaciones de centros de datos, energéticas, renovables y de la CNMC. Este 4 de octubre, Europa Press vuelve a situar la aprobación dentro del mes, sin detallar qué artículos se reescriben.
Hasta que el texto no pase por el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, el 80%, el PUE de 1,15 y el plazo de seis meses son requisitos del borrador, no obligaciones en vigor. Lo que sí está confirmado es el diagnóstico de partida del MITECO: España ya ha concedido muchos más gigavatios de acceso de los que su propia estrategia de computación preveía para 2030, y el Gobierno quiere usar el permiso de red como filtro. Si octubre se cumple, la incógnita no es si habrá decreto, sino cuánto queda del 80% hora a hora después de las alegaciones.
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Fuente oficial: Comisión Europea — política digital.
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