El 30 de octubre de 2026, la Asamblea Nacional francesa aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra un amendement que crea una «taxe sur les producteurs de données numériques». El texto, impulsado por el diputado socialista Laurent Lhardit, fija un gravamen de 0,055 euros por cada gigabyte de datos que las plataformas envíen a los abonados de los operadores franceses. Los autores estiman un rendimiento de unos 10.000 millones de euros anuales, aunque el Gobierno se opuso y la medida aún debe superar el resto del trámite presupuestario. Se trata de uno de los intentos más concretos en Europa de hacer pagar a los grandes proveedores de contenidos por el volumen de tráfico que generan en las redes nacionales.
Qué votaron exactamente los diputados
El amendement I-1358, depositado el 9 de octubre por Laurent Lhardit (grupo Socialistas y afines) y firmado por decenas de diputados, inserta cuatro nuevos artículos en el Código General de Impuestos. La tasa recae sobre el «productor de datos», es decir, la empresa que genera o distribuye el contenido, no sobre el usuario final ni sobre el proveedor de acceso a Internet (FAI).
Los FAI (Orange, SFR, Bouygues Telecom y Free) deberían medir, bajo supervisión de la Arcep y de la Dirección General de Finanzas Públicas, los volúmenes enviados a sus clientes y comunicar esos datos trimestralmente. El conteo se haría de forma agregada y anónima, sin inspeccionar el contenido ni el destino de cada flujo. Las redes de distribución de contenidos (CDN) también entran en el cálculo: se contabilizarían los flujos que salen de ellas.
Existe un tope: la tasa no puede superar el 15 % del volumen de negocios realizado en Francia por el emisor, ni el 2 % de su cifra de negocios mundial. Los grupos sin filial francesa tendrían hasta el 30 de marzo del año siguiente para abonar el impuesto. El texto precisa que no se podrá exigir información sobre el contenido de los datos ni sobre su destino final, solo el volumen agregado por emisor.
Por qué 5,5 céntimos y quiénes pagarían más
La cifra de 0,055 euros por gigabyte es la mitad de la que el Partido Socialista había planteado en verano (10 céntimos). Según el propio exposé des motifs del amendement, los abonados franceses reciben unos 200.000 millones de gigabytes al año. Aplicar la tasa a ese volumen da alrededor de 11.000 millones de euros antes de topes; los autores redondean a 10.000 millones.
La Arcep, en sus informes de interconexión, ha señalado repetidamente que un puñado de actores concentra una parte muy importante del tráfico. En datos recientes, Netflix, Google (con YouTube), Meta, Amazon y el CDN Akamai representan aproximadamente la mitad del volumen dirigido a los usuarios finales. Por tanto, son ellos quienes asumirían la mayor parte de la carga, siempre dentro de los límites del 15 % / 2 %.
Un ejemplo concreto: un juego de 100 GB costaría 5,50 euros de tasa al distribuidor antes de topes. Una película en 4K de unos 15-20 GB rondaría los 80-110 céntimos. El texto no impone que esa carga se traslade al usuario, pero las plataformas pueden decidir repercutirla en precios de suscripción o de descarga. Los partidarios argumentan que el mecanismo incentivaría a las plataformas a comprimir mejor o a reducir el volumen de datos transmitidos; los críticos advierten de posibles aumentos de precio o de degradación de calidad.
El contexto del voto y la oposición del Gobierno
El mismo dispositivo había sido rechazado en la comisión de Finanzas semanas antes. Volvió a la sesión pública el 30 de octubre a las 9 de la mañana, en un hemiciclo con poca asistencia: solo 35 diputados participaron en el escrutinio (11 a favor, 10 en contra, 14 abstenciones). Los votos afirmativos procedieron de socialistas, La France Insoumise, ecologistas y el grupo GDR. El Rassemblement National se abstuvo. Tanto el Gobierno (representado por el ministro David Amiel) como el relator general del presupuesto, Philippe Juvin, se pronunciaron en contra.
Lhardit defendió en el hemiciclo una base imponible «medida en Francia, a la entrada de las redes, que es incontestable» y que, a su juicio, respeta la neutralidad de la red. Argumentó que supera los obstáculos que hicieron fracasar intentos similares en Canadá o Corea del Sur. El Ejecutivo, por su parte, considera que la medida es de difícil aplicación práctica y que podría generar costes de cumplimiento elevados o repercusiones en los precios finales. El ministro Amiel estimó un rendimiento real significativamente inferior al de los autores del texto.
Qué significa para España y la Unión Europea
Aunque la tasa se aplica solo a datos entregados a abonados franceses, las plataformas afectadas operan en toda Europa. Un aumento de costes en Francia puede traducirse en ajustes de precios, de calidad de vídeo o de disponibilidad de catálogos que se noten también en España. Además, la iniciativa se suma a otros intentos europeos de gravar a los grandes proveedores de contenidos por el tráfico que generan en las redes de los operadores locales (el llamado debate sobre la «contribución justa» o fair share).
En España no existe un impuesto equivalente por gigabyte. La CNMC y el Gobierno han seguido de cerca los debates europeos sobre la financiación de las redes, pero hasta ahora las medidas adoptadas se han centrado más en la DSA, la DMA o en impuestos sobre servicios digitales de otro tipo. Si el texto francés acaba convirtiéndose en ley, servirá de referencia (o de advertencia) para otros Estados miembros. Los operadores españoles también han reclamado en foros europeos una mayor contribución de los grandes generadores de tráfico al mantenimiento de las redes.
Qué puede pasar ahora
La adopción del amendement no significa que la tasa esté ya en vigor. Forma parte de la primera parte del proyecto de ley de finanzas para 2027, que aún debe ser votada en su conjunto por la Asamblea y, después, examinada por el Senado. El Gobierno puede intentar retirarla en el trámite posterior o en la comisión mixta. Incluso si sobrevive, haría falta un decreto que precise las modalidades técnicas de medición y declaración.
Mientras tanto, las plataformas y los operadores franceses ya están analizando el impacto. Los primeros evalúan si pueden absorber el coste o si tendrán que trasladarlo; los segundos se preparan para el papel de medidores que les asigna el texto. Para el lector español, lo más relevante es que una decisión tomada en un hemiciclo semivacío de París puede acabar influyendo en el precio o en la calidad de los servicios de streaming y vídeo que usa a diario. El próximo hito será la votación completa de la primera parte del presupuesto y el examen del Senado.
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