La Comisión Europea mantiene abierta hasta el 26 de noviembre de 2026, a medianoche hora de Bruselas, la consulta pública sobre el EU KIDS Act, la propuesta de reglamento para proteger a los menores en internet. El anuncio de recogida de opiniones se publicó el 2 de octubre. El texto, adoptado por la Comisión el 17 de septiembre, no es ley: Parlamento y Consejo tienen que negociarlo. Si se aprueba en términos parecidos, un menor en España no podría abrir una cuenta propia en redes sociales de riesgo hasta los 15 años, y la fecha de nacimiento declarada dejaría de bastar.
El nombre completo de la iniciativa es EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy. La consulta pide aportaciones a niños, padres, tutores, docentes y a las plataformas afectadas. La Comisión dice que resumirá las respuestas y las entregará al Parlamento y al Consejo para el debate legislativo. El formulario está en el portal Have your say, iniciativa 19418.
Qué edades fija el EU KIDS Act
La FAQ oficial, actualizada el 2 de octubre, describe una escalera, no un corte único. Menores de 13 años: sin cuenta en redes sociales. Entre 13 y menos de 15: un tutor puede abrir una cuenta limitada, con herramientas parentales siempre activas, un máximo de una hora al día y aprobación de contactos. Desde los 15: el menor puede abrir su propia cuenta, en servicios que la norma obligaría a diseñar de forma segura.
Las reglas de edad se aplican a redes sociales y a servicios de intercambio de vídeo con funciones de riesgo demostradas, no a todo internet. Enciclopedias sin ánimo de lucro, servicios educativos y servicios de autoridades públicas quedan fuera, según análisis del texto COM(2026) 681. Un niño menor de 13 no se queda sin pantalla: en plataformas de vídeo pensadas para esa edad, el padre puede dar un acceso limitado desde su propia cuenta, sin cuenta del menor, sin feed personalizado y con un tope de una hora. Ese arreglo termina a los 13.
Las cuentas que ya existen no desaparecen el día que se publique el reglamento. En los seis meses siguientes a la aplicación, las plataformas tendrían que comprobar si el titular tiene menos de 15 años y desactivar la cuenta si lo es o si la edad no se puede establecer. Si la plataforma ya puede afirmar con alta confianza que el usuario es adulto —por fecha de alta o datos de tarjeta, por ejemplo—, no haría falta una comprobación nueva. La fecha de entrada en vigor del articulado es, de momento, un marcador: el texto habla de seis meses después de la entrada en vigor, sin fecha cerrada.
La edad no se demostraría con el DNI en la red social
La Comisión insiste en que la plataforma no revisa el documento de identidad ni se entera de quién es el usuario. La comprobación pasaría por soluciones certificadas, independientes del servicio, entre ellas una aplicación gratuita de verificación de edad de la UE y, más adelante, la cartera europea de identidad digital. El sistema solo respondería sí o no: si la persona está por encima o por debajo del umbral. La FAQ exige pruebas de conocimiento cero, que no permitan identificar, localizar, rastrear ni perfilar.
Cada Estado miembro tendría que ofrecer al menos una vía gratuita para demostrar la edad, también a quien no tenga identificación digital. El plano técnico de esa solución se publicó el 14 de julio de 2025, quedó listo para adaptar el 15 de abril de 2026 y sirve para umbrales distintos de los 18 años, por ejemplo 13 o 15. En la ficha oficial, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia y España figuran entre los países que están adaptando la solución para publicar una aplicación nacional. Reuters citó el 18 de septiembre siete países piloto —Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y España— y una disponibilidad prevista en toda la UE a finales de 2026. Esa aplicación ya se usa, o se prevé usar, para sitios de adultos bajo la Ley de Servicios Digitales; el KIDS Act la extendería a las cuentas de menores si el reglamento sale adelante.
Para quien ya usa WhatsApp con un adolescente, el contraste es práctico. Los controles parentales de WhatsApp dejan ver actividad y limitar chats, pero no sustituyen una comprobación de edad certificada ni abren el contenido cifrado. El KIDS Act, si se aprueba, actuaría en la puerta de la cuenta, no dentro de los mensajes.
Qué tendrían que cambiar las plataformas
La edad es la parte visible. La mayor parte del articulado va de cómo está hecho el servicio. Para menores, la propuesta prohíbe el diseño que empuja al uso compulsivo: reproducción automática sin pausas reales, scroll infinito, notificaciones de reenganche ajenas a lo que el menor hizo, premios por publicar ante audiencias masivas y rachas que penalizan no entrar cada día. También exige límites de tiempo y pausas pensadas para el sueño y el horario escolar.
El feed de un menor tendría que priorizar lo que eligió seguir. La personalización por rastreo iría apagada por defecto, no se podrían usar datos de fuera del servicio y habría al menos una opción sin perfilado, además de un reinicio fácil del feed. Nadie podría escribir a un menor sin aprobación previa. El menor no aparecería en sugerencias de contacto, no entraría en grupos sin acuerdo y podría bloquear de forma anónima. Su contenido solo lo verían contactos aceptados y, por defecto, no podría emitir en directo.
Los compañeros de IA y los chatbots accesibles a menores no podrían simular una relación humana de un modo que cree dependencia emocional. Por defecto no arrastrarían conversaciones anteriores, tendrían que probarse antes del lanzamiento y vigilarse después. Los menores de 13 solo podrían usarlos con controles parentales. Si el chat va dentro de un juego o una red, no se encendería solo y tendría que poder apagarse. Las tiendas de aplicaciones tendrían que clasificar por edad cada app, juegos incluidos, con una metodología publicada, e impedir la descarga o la compra por debajo de esa edad.
Quién vigila y qué multa hay sobre la mesa
La vigilancia se apoya en la Ley de Servicios Digitales y, para chatbots, en la Ley de IA. La Comisión supervisaría directamente las plataformas y los chatbots más usados en la UE. El resto quedaría en las autoridades nacionales. Los juegos que no sean plataforma en línea también irían a esas autoridades.
Las plataformas muy grandes, las de 45 millones o más de usuarios activos al mes en la UE, no podrían declararse seguras. Antes de tratar con menores bajo el régimen nuevo tendrían que presentar un plan de cumplimiento y una auditoría independiente pagada por ellas. La Comisión puede objetar al auditor si duda de su independencia. La multa puede llegar al 6% de la facturación mundial anual. Para los servicios que supervise la Comisión hay un procedimiento abreviado: conclusiones preliminares en 30 días y decisión prevista en 90.
Ursula von der Leyen ha dicho que Bruselas miró el modelo australiano, que restringe redes a menores de 16 años. El KIDS Act no copia ese corte: propone 15 para la cuenta autónoma y un tramo intermedio con tutor. Grecia, que legisla su propia restricción por debajo de 15, espera converger con el texto europeo. En España no hay hoy una prohibición nacional equivalente; si el reglamento se aprueba, se aplicaría de forma directa y dejaría menos margen para una norma distinta en cada país.
Qué puede hacer ahora una familia en España
Nada de esto obliga todavía a Instagram, TikTok, YouTube o a una red española. La consulta no cambia las cuentas actuales. Sí deja una fecha concreta para opinar: el 26 de noviembre. Familias, docentes y empresas pueden enviar comentarios en el portal de la Comisión. Las respuestas se resumirán para el Parlamento y el Consejo; no deciden solas el texto.
Lo que sí está en marcha es la pieza técnica de la edad. España está entre los Estados que adaptan la solución europea. Si esa app nacional se publica, servirá primero para umbrales que ya existen, como el acceso de adultos a determinados contenidos, y quedaría lista para los umbrales de 13 y 15 si el KIDS Act se aprueba. Hasta entonces, la casilla de fecha de nacimiento sigue siendo el filtro habitual, el que la propuesta quiere cerrar.
Fuentes: nota de la Comisión del 2 de octubre, FAQ del KIDS Act, ficha de la solución de verificación de edad y consulta pública.
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