La Comisión Europea ha abierto una consulta pública de 12 semanas sobre estándares mínimos para centros de datos en la UE. El anuncio, del 21 de septiembre de 2026, forma parte de un paquete de eficiencia energética que también incluye un esquema común de clasificación. Quien quiera aportar comentarios tiene de plazo hasta el 14 de diciembre. La propuesta legislativa se reserva para el segundo trimestre de 2027.
El objetivo declarado no es frenar la construcción de capacidad de cómputo, sino condicionarla: más transparencia sobre electricidad y agua, y, más adelante, umbrales de rendimiento que los operadores tendrían que cumplir. Para un lector en España, la medida toca la factura eléctrica, la red de transporte y la localización de nuevos campus cloud.
Qué ha anunciado Bruselas el 21 de septiembre
La Dirección General de Energía ha publicado dos piezas que conviene no mezclar. La primera es un reglamento delegado que crea un esquema común de clasificación para centros de datos de más de 500 kW. La segunda es la consulta pública y la llamada a evidencias sobre estándares mínimos de rendimiento, alojada en el portal Have Your Say.
El esquema de clasificación no fija aún límites de consumo. Obligará a informar de indicadores de energía y agua y de la contribución a la red: reutilización de calor residual, generación propia de energía limpia y flexibilidad de demanda. El Parlamento Europeo y el Consejo tienen dos meses para oponerse al acto delegado; no pueden enmendar el texto. Las primeras etiquetas de sostenibilidad se esperan en 2027 y una revisión del esquema, a finales de 2028.
Los estándares mínimos sí serían, si prosperan, normas de cumplimiento. La Comisión aún no ha definido umbrales, indicadores ni si se aplicarán solo a instalaciones nuevas o también a las existentes. Por eso abre ahora la consulta: necesita argumentos de operadores, Estados, industria y sociedad civil antes de redactar la propuesta.
La base jurídica es la Directiva de eficiencia energética (UE/2023/1791), que ya impone a los centros de datos con consumo significativo la obligación de reportar indicadores a una base europea. El reglamento delegado UE/2024/1364 concreta qué hay que declarar. El paquete de septiembre da el siguiente paso: pasar del inventario a la comparación pública y, después, a requisitos mínimos.
Por qué importan el consumo eléctrico y el agua
Según la propia Comisión, los centros de datos representaban alrededor del 2,5 % del consumo eléctrico de la UE y unos 68 TWh en 2024. La capacidad instalada pasaría de unos 12 GW en 2025 a unos 28 GW en 2030. A escala mundial, la Agencia Internacional de la Energía estima 415 TWh anuales (un 1,5 % de la electricidad global) y proyecta 945 TWh en 2030, en buena parte por el cómputo acelerado asociado a la inteligencia artificial.
La Unión se ha marcado el objetivo de triplicar su capacidad de centros de datos hacia 2035. Bruselas lo presenta como soberanía tecnológica. El reverso es conocido: más presión sobre las redes, picos de demanda concentrados en unos pocos nodos y uso intensivo de agua de refrigeración allí donde el clima o la escasez lo convierten en un problema local.
Un dato que la Comisión ha repetido en la nota de prensa: reutilizar alrededor de la mitad del calor residual de los centros de datos europeos equivaldría a la demanda térmica de cuatro millones de hogares. Ese número no es una obligación; es el argumento para incluir el calor residual y la flexibilidad de red en la etiqueta.
El paquete no impone hoy un tope de megavatios ni obliga a publicar el consumo total de cada campus. Reuters lo subrayó al resumir la propuesta: la etiqueta mide eficiencia, no volumen absoluto. Quien busque un freno duro al crecimiento de la nube no lo encontrará en este texto. En Bitzeta ya cubrimos otra pieza reciente de regulación digital europea: la multa de 403 millones de euros a Google por el uso de datos de ubicación.
La etiqueta de sostenibilidad y el umbral de 500 kW
El umbral de 500 kW deja fuera salas pequeñas de empresa y mete dentro la mayoría de campus de colocación y de hiperescala. La etiqueta pretenderá que un operador en Madrid y otro en Fráncfort se puedan comparar con la misma regla. Los indicadores se apoyan en lo ya reportado en 2024 y en un estudio técnico de 2025.
Además del acto delegado, la Comisión ha encargado un estudio de 24 meses sobre estándares mínimos, iniciado a finales de enero de 2026. Ese trabajo combinará los datos ya declarados, revisión técnica y talleres con Estados e industria. Sin ese informe, los umbrales de 2027 serían un salto en el vacío.
Hay un matiz que conviene no perder: la etiqueta es transparencia; los estándares mínimos serían requisito. Confundir ambas piezas lleva a pensar que ya hay un suelo legal de eficiencia. Aún no.
Qué cambia para España y para quien usa la nube
España concentra demanda digital en Madrid y, en menor medida, en Aragón y Cataluña. Cualquier umbral de eficiencia o de uso de agua afectará a los permisos autonómicos, a los contratos de suministro y a las condiciones que las eléctricas imponen para conectar un campus de decenas o cientos de megavatios.
Para el usuario final el efecto será indirecto. Si los operadores tienen que invertir en refrigeración líquida, reutilización de calor o contratos de energía renovable con respaldo real, el coste unitario del almacenamiento y del cómputo puede subir. También puede desplazarse la localización: climas fríos y redes con holgura ganan enteros frente a zonas saturadas.
Quien contrate nube pública o un centro de colocación debería empezar a pedir a su proveedor los indicadores que Europa va a etiquetar. No es un capricho de RSC: en 2027 esos números estarán en una etiqueta común y, si la propuesta sale adelante, parte de ellos podrá convertirse en requisito.
La consulta está abierta a particulares, empresas y administraciones en el portal Have Your Say (iniciativa 19293). No hace falta ser operador para responder. Los argumentos sobre agua, red local y precio de la electricidad en España solo entrarán en el expediente si alguien los escribe.
Calendario: consulta, estudio y propuesta de 2027
Hasta el 14 de diciembre de 2026 se recogen alegaciones. En paralelo sigue el estudio técnico de dos años. El acto delegado de la etiqueta queda pendiente del escrutinio de dos meses de Parlamento y Consejo. La propuesta de estándares mínimos, si la Comisión mantiene el calendario, llegaría en el segundo trimestre de 2027. Después habría trámite legislativo ordinario: meses, no semanas.
Nada de esto congela los proyectos ya anunciados. Sí cambia el marco en el que se autorizarán los siguientes. Quien construya ahora sin pensar en calor residual, agua y flexibilidad de red se arriesga a adaptar la instalación cuando la norma ya esté escrita.
La Comisión insiste en que Europa necesita más capacidad digital y, a la vez, que esa capacidad no desborde la red ni el agua. El paquete de septiembre no resuelve esa tensión. La deja por escrito, con fecha de consulta y con una etiqueta que, a partir de 2027, hará más difícil esconder el consumo.
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